lunes, 27 de agosto de 2007

¿Esto también es culpa del M-19?

Vía el difunto cerdo social demócrata de Jere Berhman, otra interesante prueba de que el ejército entró a asesinar a los rehenes del Palacio de justicia:

Un vídeo inédito confirma que un magistrado salió vivo del Palacio de Justicia; luego apareció asesinado


Según la justicia, el magistrado Carlos Horacio Urán murió de un balazo en la cabeza durante la sangrienta toma del M-19. Esa fue la versión que las autoridades le reiteraron durante 22 años a la familia. Una cinta revelada por Noticias Uno demuestra que el jurista abandonó con vida el Palacio, en plenos combates.

La cinta es evaluada por la Fiscalía y controvierte la versión oficial que durante 22 años ha tenido el país sobre la trágica toma del M-19 al Palacio de Justicia. Según lo demuestra el video, difundido este domingo por Noticias Uno, sí hubo sobrevivientes al holocausto del 6 de noviembre de 1985. No sólo salieron con vida algunos empleados de la cafetería del lugar, a los que se referían las pesquisas hasta ahora encontradas. También lo hicieron altos empleados de la rama judicial como el magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán.

La revelación periodística tiene pocos segundos de duración y es suficiente para demostrar que el magistrado abandonó el Palacio rengueando y sin camisa, pero vivo. Su misma esposa, Ana María Bidegain, lo reconoció hace pocas semanas, cuando la Fiscalía le pidió que regresara de EU para ver el video. Bidegain dejó el aula en donde dicta clases y emprendió un vuelo hacia Bogotá que la terminó llevando por 22 años de recuerdos. El hombre del video era su esposo. Lo vio salir vivo, vio a los hombres de inteligencia militar que le indicaban el camino a seguir y hasta notó cuando lo entregaron a brigadistas de la Defensa Civil, en medio de la confusión por la toma.

Hasta ese momento, lo único que le habían contado las autoridades era que su esposo había aparecido entre los escombros del Palacio un día después de la toma. No sabía que su esposo había muerto después de la toma con un proyectil 9mm disparado a quemarropa y no en la balacera ocasionada durante el ataque del M-19.

El caso del magistrado Urán es una pieza clave para intentar descifrar lo que ocurrió durante ese ataque armado, tras el cual el Ejército incendió el Palacio de Justicia, cuya historia ni se le ha contado al país ni ha cicatrizado en el imaginario de la Nación. Cada vez que alguna autoridad del Ejecutivo intenta rememorar el caso lo hace en un contexto político que termina polarizando al país frente a lo ocurrido. La última vez que ello ocurrió fue cuando el presidente Álvaro Uribe intentó justificar los beneficios que la ley de justicia y paz le confiere a los paramilitares diciendo que el M-19 ejecutó la toma por encargo de los narcos con el objetivo de quemar los archivos de las solicitudes de extradición. Para los ex militantes de ese grupo guerrillero está claro que los únicos beneficiados con la quema de los archivos eran los militares procesados por violaciones a los derechos humanos, ya que no existía copia de estos documentos. Las de las solicitudes de extradición de los narcos se podían pedir nuevamente a EU.

¿Cuántas personas lograron salir vivas del lugar?, ¿Por qué las autoridades sostuvieron durante 22 años la versión de que no hubo sobrevivientes?, ¿Por qué algunos empleados de la cafetería y funcionarios como el magistrado Urán aparecieron muertos bajo los escombros pese a que el video muestra que fueron sacados con vida del lugar?, ¿hubo alguna orden para asesinar a los testigos del Holocausto? Dé ser así ¿qué se le pretendía ocultar al país? Estas son algunas de las preguntas que, 22 años después, la Fiscalía intenta resolver.

Pero los interrogantes no solo tienen que ver con las víctimas. También involucran a las personas que tomaron determinaciones respecto a la estrategia para la recuperación del Palacio. Sobre el particular suele hablarse de la responsabilidad del coronel Alfonso Plazas Vega –hoy preso por los dichos hechos- quien dio la orden de ingreso violento de las tanquetas de la Escuela de Caballería al lugar.

Sin embargo, el video divulgado por Noticias Uno revela, además, la hora en la que el magistrado Urán fue sacado del Palacio. Eran más de las dos de la tarde del seis de noviembre.

A esa hora Plazas ya había suido relevado de la dirección de la operación. Dicha función fue asumida por el general Jesús Armando Arias Cabrales, ex comandante de la Brigada trece del Ejército, el teniente coronel Rafael Hernández López, ex comandante de la Escuela de Artillería y el mayor Carlos Frassica, ex comandante de la fuerza de Despliegue Rápido.

La función de Plazas terminaba con la entrega de las personas heridas (a las que el M-19 permitió salir del Palacio) a las fuerzas de inteligencia coordinadas por el coronel Iván Ramírez Quintero. Todos ellos –con excepción de Plazas- terminaron su carrera como generales de la República.

Encuentre en nuestro material relacionado el cubrimiento de Noticias Uno sobre el nuevo video de la toma al Palacio de Justicia.


Digo, asesinar a sangre fría un magistrado quién ya había salido del edificio, y ponerlo de NUEVO en el palacio para hacerlo pasar como muerto por el fuego cruzado o los guerrilleros, es un asesinato con premeditación. No sé que piensen uds, pero m quedan dos preguntas:

1- ¿Cuál sería el motivo para cometer estos crímenes por parte del ejército?

2- ¿Cómo se las arreglará el establecimiento colombiano para culpar de este asesinato al M-19, cuyos integrantes que habían participado en la toma estaban muertos o desaparecidos para el momento en que el magistrado Urán había sido "rescatado"?

sábado, 25 de agosto de 2007

Para que no se me olvide

Ya sé que es viejo, pero no había tenido de mirar este video que salió hace ya más de un mes. La pregunta es ¿Si Carlos Gaviria saliera en un video estrechándole la la mano en una reunión política a un comandante de frente de las FARC, y este además le manifestara su apoyo, no estarían gritando a los cuatro vientos -aún con más fuerza de lo que ya hacen- que el Polo y sus líderes son aliados de la guerrilla? ¿No pedirían su detención inmediata? Es increíble que no haya pasado nada en este país con un video como este, cuando los estándares que usan los que detentan el poder, habrían producido resultados completamente distintos si la situación hubiera sido a la inversa.

jueves, 23 de agosto de 2007

Cita del día

Por cuestiones de mi trabajo me encontraba averiguando quién era un tal Elisée Reclus y me encontré con esta bonita cita sobre el anarquismo de su autoría que quiero dejar registrada:

La anarquía es la más alta expresión del orden. Para que el socialismo llegue a su perfecta expresión, es preciso que salvaguarde al mismo tiempo los derechos del individuo y los derechos colectivos. El hombre no es un accidente sino un ser libre, necesario y activo, que, ciertamente, se une con sus semejantes pero no se confunde con ellos



domingo, 5 de agosto de 2007

Y despúes pregunta porque jode uno con la reforma agraria

Leo esto en la primera página de El Tiempo hoy:


Terratenientes, los intocables del impuesto predial

Algunos no pagan ni un peso y 800 mil fincas ni siquiera figuran en registros. Expertos insisten en meterlos en cintura. Narcoparamilitares, grandes morosos.

Los dueños de una moderna hacienda, ubicada en La Dorada (Caldas), pagan anualmente 5.600 pesos por cada una de las 407 hectáreas de terreno que poseen en la región: algo así como tener dos barrios igual de grandes a Ciudad Salitre, nororiente de Bogotá, dedicados exclusivamente a la cría de ganado.

Y en Puerto Boyacá (Boyacá), el impuesto que algunos finqueros desembolsan por hectárea es de 8.000 pesos, según consta en la liquidación del 2007 de una hacienda de 332 hectáreas de terreno.

Pero es en los Llanos Orientales, en algunos sectores de la Costa, Caquetá y Guaviare, y en las cuencas del Valle del Cauca y del río Magdalena, en donde el pago del impuesto predial rural es casi una burla para los erarios locales, encargados de los cobros.

Allí, EL TIEMPO encontró predios que pagan 500 pesos -lo que vale una caja de chicles- por cada 10 mil metros cuadrados de terreno (el equivalente a una hectárea).

Ese es el caso de una finca de 400 hectáreas en el corregimiento Santa Rosa, cerca a San José del Guaviare.

Por razones de seguridad y por tener reserva fiscal, este diario se abstiene de publicar los nombres de los dueños de los predios. Pero montos como estos llevaron a los cinco expertos de la llamada Comisión del Gasto a recomendarle al gobierno Uribe -hace menos de dos meses- incrementar masivamente el recaudo del impuesto predial rural (y también el urbano) como una de las fórmulas para impedir que la billetera oficial se siga desocupando por cuenta de las transferencias a municipios.

En plata blanca, eso significa que hay que entrar a cobrarles a intocables terratenientes los verdaderos montos que históricamente han dejado de girar a las arcas municipales, ya sea porque sus predios están avaluados en cifras irrisorias, porque se cuelgan durante años en los pagos o simplemente por que no figuran siquiera en archivos oficiales.

Registros rezagados

A enero del 2007, tan solo el 45 por ciento de los 3 millones y medio de predios rurales registrados en el Catastro Nacional han sido actualizados. Eso significa que casi dos millones están subvalorados y por tanto el predial que se les liquida es ínfimo.

Tratar de actualizar esos predios puede demorar hasta una década ya que se requiere que un equipo de expertos visite cada propiedad, miles de las cuales quedan a días de camino, en zona roja.

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi es optimista y espera, en los próximos 3 años, actualizar un 70 por ciento del total de predios, meta fijada por el Gobierno.

Pero en caso de que eso se logre -hasta el momento han cumplido lo presupuestado- ¿quién se va a encargar de cobrarles a los terratenientes el nuevo predial? ¿Qué va a pasar con el 30 por ciento de predios restantes que están en áreas inexpugnables?

Hoy, algunos municipios solo se preocupan de que esa tarifa no esté por debajo del promedio que la ley establece para el pago del tributo, el 1 por mil del valor del predio, según su avalúo.

Solo unos pocos (en Cundinamarca y Antioquia, por ejemplo) cobran el 16 por mil del valor del predio, el tope máximo legal. Un muestreo hecho en 256 de los más de mil municipios reveló que más de la mitad factura con base en un 2 y un 5 por mil.

Y aunque hay excepciones, en departamentos como Sucre, Bolívar, La Guajira y Magdalena, con grandes hatos ganaderos y latifundios, hay quienes no pagan más del uno por mil.

Y en Tolima, Santander y Huila -según un estudio del economista Salomón Kalmanovitz- las tarifas del predial son incluso inferiores al 25 por ciento del precio real de las propiedades.

Efecto búmeran

A eso se suma el hecho de que hay al menos 800 mil predios sin legalizar y que, por tanto, al ser invisibles para el Estado, no pagan ni un peso de predial, pese a que en estos se desarrollan actividades agrícolas y ganaderas a gran escala o son prometedores lotes de engorde.

Kalmanovitz cree que, debido a ello, el campo vive una especie de círculo vicioso en cuestión de orden público: grandes propietarios exigen seguridad pero no pagan los tributos que contribuirían a prestársela.

Gilberto Toro, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, está de acuerdo con Kalmanovitz en el hecho de que este es un tema de seguridad.

Pero le da otra lectura al asunto: "Hay zonas en donde los finqueros no pueden explotar la tierra porque aún hay temores de secuestro y extorsión", dice.

A eso se debe, según Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), que haya tierras de mala calidad a precios exorbitantes: "La oferta y la demanda están afectadas no por la productividad sino por el acceso y la seguridad de los terrenos", asegura.

Y Toro añade que el llamado 'compadrazgo' tributario también tiene efectos: "Indiscutiblemente hay municipios en donde grandes terratenientes apoyan campañas políticas a alcaldías y concejos y luego presionan para que no haya un importante incremento de tarifas".

En la Costa Atlántica, aunque hay muchos propietarios puntuales en los pagos, la cartera morosa alcanza ya un 60 por ciento.

De ahí que expertos recomienden que tanto la liquidación como el recaudo de este impuesto lo asuma la Dian, para girárselo luego a las administraciones locales.

Pero para la Federación de Municipios se debe buscar otra solución, pues la Dian no llega a todos los pueblos. La idea, dice, es se implementen tecnologías que, a la hora de liquidar el tributo no dejen entrar variables políticas y personales.

En todo caso, tanto la Federación de Municipios como la SAC, hacen énfasis en que las administraciones locales han mejorado recaudos y en que el predial no es el único impuesto que debe pagar el campo. Según un estudio de la SAC, se cancelan 22 tributos directos e indirectos como el que pagan a las corporaciones autónomas, el IVA, el de rentas presuntivas...

"Es exagerado, injusto y falso decir que el campo no paga tributos", señala Mejía.

País de latifundistas

Lo que nadie niega es que Colombia es uno de los países con mayor concentración de la tierra. El ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, atribuye el fenómeno a la amenaza narcoparamilitar que se apropió de grandes extensiones -según él- antes de que Álvaro Uribe llegara a la presidencia.

Pero Arias está seguro de que los dos artículos que introdujo en la Ley de Desarrollo Rural ayudarán a dinamizar el mercado.

Uno de ellos faculta al Estado para que compre las tierras ociosas a los precios que indiquen los avalúos. Y el otro permite a los alcaldes cobrar el máximo del impuesto predial a los dueños de terrenos improductivos.

Cálculos de Kalmanovitz indican que de las cerca de 80 millones de hectáreas rurales, 40 millones se dedican a ganadería (aunque no sea su vocación), 4 millones, a la agricultura, y el resto, unas 36 millones de hectáreas, son improductivas.

Aunque el panorama es preocupante, el Gobierno está seguro de que no hay necesidad de elevar las tarifas del predial rural, sino de ampliar la base de su cobro, pues las medidas que tomó obligarán a los propietarios a actualizar el valor de sus tierras y a ponerlas a producir, so pena de perderlas. ¿Será suficiente?

Los narcoparamilitares son mala paga

Un grueso grupo de morosos del llamado impuesto a la tierra lo constituyen los narcoparamilitares y sus familias. Una idea del 'narcohueco' fiscal la da el hecho de que tan solo 158 de los más de 6 mil predios rurales incautados a la mafia, deben 3.253 millones de pesos.

Esto significa que sus dueños debían pagar 4 mil pesos por hectárea, pero nunca lo hicieron.

Los predios que entregó el señalado narcoparamilitar Francisco Javier Zuluaga, 'Gordolindo', para reparar a sus víctimas, también deben impuestos.

Su hacienda La Magdalena, en Buga (Valle), adeuda 148 millones; la de Jamundí, más de 100 millones; y dos predios urbanos, de su ex esposa, tienen un saldo en rojo de 211 millones.

Y otro botón: la famosa finca Mazatlán, del extinto capo Gonzalo Rodríguez Gacha, 'El Mexicano', en Pacho (Cundinamarca), también es deudora morosa.


"El problema de la concentración de la tierra se originó en el narcoparamilitarismo que se apropió de grandes extensiones antes de la era Uribe"
Dice el ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias.

Cifras clave

  1. De las cerca de 80 millones de hectáreas rurales, 36 millones son improductivas.
  2. Dos millones de predios están subvalorados: el predial que les liquidan es ínfimo.
  3. El Gobierno espera tener actualizado un 70 por ciento del total de predios en el 2010.

Hablan expertos

"Este es uno de los 10 países con mayor concentración en la propiedad de la tierra y la tributación es baja. Esa es una fuente de recursos subutilizada que podría ayudar en materia fiscal local. Lo que hizo la Comisión del Gasto (de la que Cárdenas es miembro) fue invitar a que se reflexione al respecto, aunque no todo el país viva la misma situación".

"No deben perder de vista que el déficit estatal se equilibró gracias a que ha crecido el ingreso de los municipios. Pero mientras la recuperación de la soberanía no sea total, no creo que podamos tener una cobertura fiscal optimista. El cobro del tributo no se puede convertir en un desestímulo para la explotación de ciertos productos".

"Hay que mirar con cuidado el tema. Desde un escritorio es fácil decir que no se paga la tarifa que se debe, pero deben saber cómo es la productividad del campo. Deben entender que cada departamento y cada zona son diferentes. Se cobra una tarifa dependiendo si tiene agua, riego, producción... Las medidas del Gobierno ayudarán a corregir las deficiencias".

Al respecto observo 3 cosas:

1- El reporte muestra lo que ya sabíamos, pero que el país casi que no quiere ver: la mitad de las tierras del país están dedicadas a la ganadería, cuando no son o fincas de recreo o lotes de engorde. Apenas 4 millones de tierras están dedicadas a la agricultura. Mejor dicho, como dice Antonio Caballero "lo último que quieren ver las élites de este país es un campo productivo" (añadiría yo, productivo en manos de los campesinos...)

2- Contrario a lo que recomiendan el informe y los expertos como Kalmanovitz, lo que habría que plantearse no es clavarles impuestos desmedidos a los dueños de la tierra, sino velar por una mejor distribución de esta en el país (es bastante probable que si los impuestos aumentan, los que salgan afectados sean los pequeños y medianos dueños de tierras, una vez los terratenientes usen su poder para manipular la legislación a su conveniencia). Y para ello habría que preguntarse como es posible que la tierra en Colombia este en tan pocas manos y pueda darse el lujo de ser tan improductiva. Increíblemente el único en plantear el problema es el ministro Andrés Felipe Arias (el mismo pelmazo que salió a decir que los anteriores gobiernos habían sido muy "femeninos" en su tratamiento al tráfico de drogas), y desde luego dice una verdad a medias (en últimas una mentira como todas las verdades a medias): los paramilitares ciertamente han contribuido a incrementar la distribución desigual de la tierra, pero eso es un problema que es de vieja data en este país, y no fueron ellos en iniciarlo; tan sólo han sido los sangrientos continuadores de esa realidad. Pero admitir eso sería muy peligroso, porque implicaría culpar a alguien mas (terratenientes, el Estado) por el problema...

3- El pago de impuestos por parte de los dueños de la tierra no me escandaliza porque sean bajos. Lo que escandaliza es que sean tan bajos cuando el predial en las ciudades sea tan alto, porque nos muestra que los dueños de la tierra, en su mayoría grandes terratenientes, son tratados preferencialmente. Peor cuando son los que exigen "seguridad" para tierras que en muchos casos y muy probablemente ellos hayan obtenido directa o indirectamente por el uso de la violencia.